El CTI capturó el viernes en Canalete, zona costera de Córdoba, a un aspirante a la Alcaldía de ese municipio y a dos aspirantes al Concejo, a quienes, con material probatorio recolectado en investigaciones, se les comprobó el delito de trashumancia, para llevar a votar a esa localidad, a residentes de veredas y corregimientos de Montería.
Así lo informó en rueda de prensa la directora seccional de Fiscalías en Córdoba, Liliana Figueredo, mientras los detenidos eran trasladados desde la sede de la institución al Palacio de Justicia, para las audiencias concentradas ante un juez con función de garantías, proceso que se hizo a puertas cerradas y que continuaba al cierre de esta edición.
La funcionaria se abstuvo de revelar los nombres. Sin embargo, EL HERALDO estableció que se trata de Miguel Fernando González Muñoz, aspirante a la Alcaldía de Canalete por el partido Liberal, Feliciana Esperanza Domínguez Pastrana, aspirante al Concejo de esa localidad por el partido Conservador y Julio César Álvarez Hernández, también, candidato al Concejo, por el partido Liberal.
'Esta es una investigación que se venía desarrollando hace varios meses en Canalete. Las quejas se recibieron a través del sistema de Uriel, que es el destinado para los delitos electorales, relacionadas con irregularidades en la inscripción de personas de otros municipios. Con eso le dimos inicio a la investigación conforme al protocolo que se tiene para ese tipo de delitos y logramos la captura de tres aspirantes a cargos públicos de elección popular', indicó Figueredo.
Dijo que los candidatos le prometieron a los electores prebendas de diferentes tipos por sus votos y el transporte para la inscripción de cédulas fue de forma personal.
La Fiscalía también estableció que las personas que se inscribieron no habían votado antes allí, no residían tampoco en la localidad y no estaban en la base de datos del Sisbén. No reveló el ente investigador la cantidad de votantes que fueron trasteados.
Casualmente hace dos días la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), anuló la inscripción de 30.044 cédulas en 13 municipios de Córdoba, por el comprobarse que se trata de personas sin vínculo residencial en dichas localidades.
