La participación y veeduría ciudadana serán de vital importancia para las regiones tras el posconflicto, dijo el general (r) de la Policía y Ministro Consejero para Derechos Humanos y Seguridad, Óscar Naranjo, al indicar que la mayor amenaza que tiene este proceso es la corrupción.
Naranjo señaló ayer durante la instalación del foro ‘Posconflicto, desafío en las regiones’ que se llevó a cabo en Valledupar que 'hablar de posconflicto implica definir con claridad cuáles serían los códigos, las claves, los protocolos y las acciones para blindar la construcción de paz de las garras de la corrupción'.
Manifestó que en este sentido la discusión incluye distintas dimensiones y facetas, qué pasará con la institucionalidad, con los procedimientos y qué pasará fundamentalmente con la ciudadanía y su capacidad de veeduría social para no caer en las garras de la corrupción.
'Se necesita un Estado que garantice que habrá presencia eficaz e integral en todo el territorio, que habrá participación ciudadana y que habrá perspectiva para los ciudadanos', precisó.
'PRESIDENTE, NO TIRE LA TOALLA'
El director de la Federación Nacional de Departamentos, Amylkar Acosta, pidió al presidente Juan Manuel Santos ‘no tirar la toalla’ frente al proceso de paz y persistir en este objetivo, pese a las dificultades que se presentan, al señalar que el ataque de las Farc que dejó 11 militares muertos en el Cauca, generó desconcierto y minó la confianza que se venía construyendo en la mesa de diálogo de La Habana, Cuba.
Dijo que este proceso de negociación no ha estado exento de dificultades, de desavenencias, de críticas y de disensiones, pero que aún los más acérrimos críticos coinciden en que no es el momento de dar un manotazo sobre la mesa por parte de los representantes del Gobierno y levantarse de la misma.
'Actos de paz por parte de la guerrilla es lo que demanda Colombia toda y necesita la mesa de La Habana para recuperar la confianza perdida', sostuvo.
Recursos de EEUU
Estados Unidos invertirá cinco millones de dólares en Colombia en los próximos dos años para impulsar las labores de desminado en el país, anunció el número dos del Departamento de Estado, Antony Blinken.
'Estamos deseando profundizar nuestro apoyo a los esfuerzos colombianos para conseguir la paz y la reconciliación', señaló Blinken en Bogotá durante el acto de instalación de la reunión del Quinto Diálogo de Alto Nivel con Estados Unidos.
El pasado mes de marzo el Gobierno y las Farc anunciaron un acuerdo para comenzar una labor de desminado.
En este sentido, Blinken destacó que Estados Unidos ha aportado más de 21 millones de dólares para estas labores, que se intensificarán durante el denominado período de postconflicto.
'Farc están induciendo al Gobierno a ‘romper’ la Constitución'
'Las Farc, con habilidad, están induciendo al Gobierno a romper la Constitución, la misma Constitución que dice Iván Márquez quiere derrotar', dijo el procurador Alejandro Ordóñez en desarrollo del foro sobre posconflicto en las regiones que se cumplió ayer en Valledupar.
El jefe del Ministerio Público analizó las tentativas de desconocer el marco jurídico para la paz y las sentencias de la Corte Constitucional que lo declararon exequible, indicando que se está tratando de reducir a leyes habilitantes o referendos las trascendentes decisiones que deben adoptarse en futuros acuerdos entre el Gobierno y las Farc.
'¿El Gobierno quiere una ley habilitante?, ¿un referendo facultatorio?, ese es el camino equivocado. Para garantizar que los acuerdos se cumplan se requiere construir el mayor consenso posible, insisto, un pacto con todos, un pacto para la paz. Sería un gravísimo error histórico confundir consenso con mayorías en un referendo', manifestó.
Las precisiones las hizo al analizar la posibilidad de una propuesta de referendo por parte del Gobierno. 'Pregunto, solo pregunto, ¿es cierto que el Gobierno está considerando la propuesta de un referendo que otorgue facultades al Jefe de Estado para adoptar la justicia transicional que se aplicaría a guerrilleros, miembros de la fuerza pública y a todos aquellos que tengan responsabilidad en delitos relacionados con el conflicto armado? Si ese es el caso, sería un grave error', indicó.
