La reforma del fuero penal militar, que ampliará las competencias de los tribunales castrenses para juzgar crímenes contra civiles, pasó este miércoles su primer trámite parlamentario al ser aprobada por la Comisión Primera del Senado.
Por nueve votos a favor y dos en contra, el proyecto obtuvo luz verde en el primero de ocho debates que deberá superar antes de ser aprobada definitivamente.
Con la actual iniciativa, presentada por el Ministerio de Defensa, crímenes cometidos por militares, como homicidio, delitos contra la protección de la información y de los datos, entre otros contra la población civil, podrán ser juzgados por tribunales castrenses.
Dicha norma, que no obstante excluye algunas violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar, se aplicará en el proceso transicional que el Gobierno aspira a conseguir con la firma de un eventual acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
También quedarán fuera de la jurisdicción castrense, según el Ministerio, los casos de los llamados 'falsos positivos', como se llama a las ejecuciones de civiles a los que se hacía pasar por guerrilleros para exhibir resultados militares en pleno conflicto armado.
Este proyecto ha despertado numerosas críticas nacionales e internacionales, como las expresadas el pasado mes por Naciones Unidas, que a través de doce expertos de derechos humanos instó al Gobierno de Juan Manuel Santos a reconsiderar la propuesta.
'El proyecto de ley podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial', advirtieron los expertos en una carta abierta.
Ante estas inquietudes, el alto consejero de la Presidencia de Colombia para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, respondió a principios de mes que la norma estaba 'siendo examinada' por el Ejecutivo tras recibir el escrito, y abrió la puerta a posibles modificaciones que podrían llegar en su trámite legislativo.
Colombia impulsó en 2012 otro proyecto que reformaba el sistema de justicia penal militar, que posteriormente fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional por defectos de trámite.
