Con ocho votos contra uno, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, CNE, archivó en la mañana de este martes la ponencia del magistrado Alfonso Campo que buscaba abrir investigación contra el presidente Petro por publicidad extemporánea.
La ponencia del magistrada intentaba demostrar que, en su momento, Petro no cumplió con el artículo 24 de la Ley 130 de 1994 y el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011: referente a la realización de propaganda electoral anticipada de cara a las elecciones presidenciales.
En este sentido, Campo, del Partido Conservador, explicó que las irregularidades se cometieron tras la realización del famoso evento de la ‘P’ en Barranquilla, celebrado el 10 de septiembre de 2021.
La otra ponencia
La investigación que lleva a cabo el CNE, dirigida por el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz y del uribista Centro Democrático Álvaro Hernán, y que según el presidente “no tiene fuerza vinculante”, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (1,27 millones de dólares) y que además recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral.
De esa forma, durante la primera vuelta supuestamente se sobrepasó en 3.700 millones de pesos (888.650 dólares) y hubo siete violaciones, entre ellas que se habría omitido reportar un aporte por 500 millones de pesos (120.000 dólares) del principal sindicato de la educación, Fecode, y otro aporte del mismo monto del partido Polo Democrático que hace parte de la coalición gobernadora.
Entre las irregularidades aparece vinculado Xavier Vendrell, un político catalán investigado por lo ocurrido durante el ‘procés’ catalán y cercano a Petro, en concreto por no haber reportado el pago a testigos electorales durante la campaña.
Vendrell, que ocupó el cargo de conseller de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), trabajó en la campaña de Petro como responsable de los testigos electorales y estratega de campaña, y se señaló de seguir vinculado al Gobierno de Petro, hecho que el presidente ha negado alegando que no hay contratos vigentes con el expolítico catalán.
