El senador José David Name, de La U, pidió este miércoles al Gobierno que la intervención de air-e no sea como la de Electricaribe, debido a que no hay recursos estatales para invertir sin que haya una solución estructural.
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“La intervención es necesaria porque la Superservicios tiene el deber de prestar el servicio público de energía a los colombianos y si más tarde otra empresa pública o privada distribuidora alza la mano, le toca también por ley actuar de la misma manera. (...) Esta intervención, a diferencia de la última, fue casi que solicitada por la empresa, estuvimos a días de que el servicio se interrumpiera”, dijo el citante del debate de control político en la Comisión Quinta de la cámara alta.
Recordó en este sentido que en 2016 se intervino Electricaribe, “y resulta que fue una mala intervención, sin planificación. (...) Era por un año pero siguió los dos años de Juan Manuel Santos y casi que los cuatro de Iván Duque. (...) No nos podemos dar el lujo de que el Gobierno se queda anclado en esta intervención a Air-e, porque no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero”.
Puso de presente además Name Cardozo que Electricaribe tenía deudas por $2,5 billones y el Estado las asumió e invirtió $7,5 billones para que el servicio no se interrumpiera. Además, se asumió el pasivo pensional de $9 billones, “y aquí estamos en una pelea de $12 billones por la tributaria”.
Air-e, reiteró, atiende a 1,3 millones de usuarios y participa de 11,2% del mercado.
“Uno de sus problemas ha sido la compra de energía a un alto precio, con El niño, que ha subido las temperaturas, a Air-e se le ha subido la demanda hasta un 30%, que lo sale a comprar la empresa a la bolsa de energía. El Gobierno ha intentado lograr reducciones pero eso es muy difícil porque la generación es un negocio privado, a excepción de Urrá, que no se pone la mano en el corazón y se quiere equiparar a las demás empresas”, cuestionó.
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En este punto, recalcó el senador de La U que “hay tres empresas generadoras de energía del Estado, Urrá, que tiene corrupción y negocios; y están Gecelca y Gensa, y las mismas empresas que hicieron el negociado en Urrá aparecen en Gensa: entre las tres tienen el 6,30% del mercado”.
Ante lo que propuso que “en el gobierno comencemos a direccionar la energía a las empresas comercializadoras intervenidas y les demos la oportunidad de que compren energía a buen precio, ¿si son empresas del Estado por qué no le pueden vender? Yo no estoy en contra de los negocios privados pero sí de los negocios que le hagan daño a los más pobres de este pais”.
También planteó: “¿Por qué no metemos en el Presupuesto o la tributaria quitar a las generadoras hidráulicas, que obtuvieron utilidades de $13 billones en el último cierre financiero, un 3% de esas utilidades para que vayan al fondo de la Superservicios que debe estar bastante seco y que con ese fondo se atienda esta situación crítica del país?”.
Y añadió: “¿Por qué no les quitamos el cargo por confiabilidad a estas generadoras hidráulicas que tengan represas de más de 20 años y redireccionar esa plata para instalar panelería solar y comunidades energéticas en estratos uno y dos no solo en el Caribe sino en los departamentos más pobres del país? Les hemos dado a los generadores hidráulicos $68 billones, no sé para qué, porque cuando no hay agua, no hay agua. Este cargo se les debe entregar a los generadores térmicos para que compren combustible cuando se necesite, pero en Urrá, cuando no hay agua para generar, ¿cómo van a reemplazar esa agua con el cargo por confiabilidad?”.
