Medio millón de dólares (unos $1.500 millones) es la caución que estableció la Capitanía del Puerto y que debe pagar la naviera del buque carguero que provocó el derramamiento de una sustancia aceitosa, el pasado 29 de junio, y que contaminó gran parte de la bahía de Cartagena, playas y espolones del sector de Punta Arena, en la isla de Tierrabomba.
En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, Cardique, el abogado defensor de las comunidades isleñas, Marlon Yanes, dijo que esta medida se adoptó durante las audiencias para establecer las responsabilidades de este desastre ecológico que causó daños en las playas turísticas de la zona insular de Cartagena y mantiene a un niño de Tierrabomba hospitalizado, tras inhalar los gases de la sustancia contaminante.
El siniestro del buque CNP Paita ocurrió justo el día en que las comunidades afros de los corregimientos insulares de Cartagena celebraban el Día del Pescador. Para la ocasión se había programado un festejo en las playas de las islas, pero todo terminó en tragedia cuando se depositaron en el espejo de agua varios litros de un material químico procedente del buque.
De acuerdo con el testimonio entregado por el abogado Yanes, el capitán de la embarcación reconoció en las audiencias ante la Capitanía de Puertos que se hizo el vertimiento de la sustancia oleaginosa porque de lo contrario la catástrofe ambiental habría sido peor por cuanto la nave se hubiera hundido con una considerable carga de combustible que transportaba.
Según Yanes, el buque ingresó a la bahía con una avería en una de sus válvulas, que traía del puerto de Callao, en Perú. El profesional no se explica cómo las autoridades marítimas permitieron que el barco fondeara en aguas cercanas a la Tierrabomba y se realizara una operación de arreglo de esa magnitud sin que se adoptaran los protocolos internacionales que se exigen para estos casos y que habría evitado una contaminación como la que soportó la bahía y que mantiene en pie de lucha a organizaciones afros de esta área.
Los representantes de los consejos comunales instauraron una denuncia penal contra la empresa naviera y la tripulación del barco por la afectación ambiental que produjo este vertimiento.
El director de Cardique, Olaff Puello, dijo que se surte el proceso para establecer responsabilidades e imponer las sanciones pecunarias del caso, así como la afectación a las comunidades isleñas.
El barco está inmovilizado, según dijo Puello, y explicó que se hacen constantemente monitoreos de las aguas de la bahía. Aseguró que se adoptarán medidas para evitar que siga creciendo la contaminación en este cuerpo de agua. Una de ellas es la de no permitir que se realicen nuevos dragados en esta área, porque este procedimiento revuelve el lecho marino y esparce los metales que están asentados desde hace más de 30 años.
