El documento fue publicado en medio de la implementación parcial de la Reforma Pensional, proceso que permanece suspendido de manera general por decisión de la Corte Constitucional.
El llamado impuesto a la riqueza será de carácter obligatorio para las empresas con un patrimonio líquido superior a los 10.474 millones de pesos.
“Poner un impuesto a estas ganancias extraordinarias se volvió pecado y es lo más justo que se pudiera hacer”, dijo el mandatario.
Este compromiso, explicó la defensora, ha sido firmado por diversas campañas presidenciales, movimientos políticos y altas autoridades del Estado, entre ellos el presidente de la República, Gustavo Petro, organismos de control y el presidente del Congreso.