A través de un comunicado emitido este miércoles, la Procuraduría informó que le hizo un llamado al Gobierno para que adopte medidas urgentes para mitigar impactos del paro de transportadores y que garanticen, por ejemplo, la seguridad alimentaria y el derecho a la movilización.
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'Teniendo conocimiento sobre los anuncios realizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público relacionados con el aumento en el precio del combustible Diésel para este año, desde la semana pasada, la Procuraduría consultó al Gobierno Nacional sobre las acciones de coordinación y articulación interinstitucionales, en el nivel nacional y territorial, para abordar posibles expresiones de movilización y protesta social por este asunto', recordó el Ministerio Público.
La consulta la hizo el ente de control disciplinario en el ámbito del control preventivo ante las posibles afectaciones que se pueden generar en el abastecimiento de alimentos, la movilidad, el tránsito y desplazamiento de viajeros además de poner en riesgo no solo la seguridad alimentaria sino también la salud pública y hasta la seguridad energética, entre otros sectores.
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Al respecto, la procuradora Tatiana Oñate, delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, advirtió que “resulta fundamental que las autoridades a nivel nacional actúen de manera coordinada y armónica entre sí para abordar de manera efectiva y oportuna las problemáticas sociales que se pueden desencadenar en este contexto”.
De igual modo, en requerimientos hechos por la Procuraduría a los ministros del Interior, Transporte, Agricultura y Minas, les solicitó información sobre las medidas que vienen cumpliendo desde sus carteras para enfrentar esta situación y los impactos causados por las movilizaciones y las protestas.
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El Ministerio Público, participa en la mesa de diálogo entre el Gobierno y los transportadores, anunció que de persistir los bloqueos estará convocando una mesa de trabajo tendiendo puentes para buscar soluciones.
