El juez 35 de control de garantías de Bogotá, Cidulfo Hernández, acogió este sábado la solicitud de la Fiscalía y las partes y dictó medida de aseguramiento en una guarnición militar contra los tres implicados en el caso de la Ungrd.
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'Nunca había encontrado una audiencia en la que todas las partes estuvieran de acuerdo sobre cuál es la medida que se debe imponer ni en qué condiciones se debe cumplir, ello para referirme que de alguna manera facilita la decisión porque no existe una controversia que sea necesario abordar de fondo', dijo el togado.
Y concluyó además en su decisión Hernández que “parece que este problema del manejo del bolsillo de la Ungrd no es solo de este gobierno'.
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En la audiencia judicial de este sábado, realizada de manera mixta, presencial y virtual, en los Juzgados de Paloquemao, en la capital del país, los defensores de los implicados en el caso de la Ungrd coincidieron en mostrarse conformes con la solicitud de la Fiscalía de enviarlos a una guarnición militar por motivos de seguridad.
El abogado José Luis Moreno, quien representa a Olmedo López, expuso: 'La vida del señor Olmedo está en juego, y su reclusión en un centro adecuado es la única forma de asegurar que esta historia no termine en una tragedia irreparable. (...) El Inpec no tiene la capacidad de proteger a una persona como Olmedo López, que ha decidido colaborar con la justicia y tiene un riesgo extraordinario, como lo manifestó la fiscal'.
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Luis Gustavo Moreno, apoderado de Sneyder Pinilla, ex subdirector de la Ungrd, indicó que 'un centro militar ofrece garantías suficientes para preservar la seguridad personal del hoy colaborador y mañana testigo'.
Y Francisco Bernate, abogado del contratista Luis López, conocido como El Pastuso, advirtió que su cliente “tiene una mayor situación de vulnerabilidad que la que tendría un interno común, porque la situación de él es particular', poniendo de presente que en Pasto hay solo una cárcel.
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El pasado 7 de agosto se formuló la solicitud de medida de aseguramiento en guarnición militar contra el ex director de la Ungrd, el exsubdirector y el contratista, por parte de la fiscal 9 delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.
En la solicitud de medida de aseguramiento contra el trío de la Ungrd, imputados el pasado 25 de julio por concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado, el ente de investigación penal confirmó que se había venido destruyendo evidencia, por lo que es crucial que los sospechosos vayan tras las rejas cuanto antes.
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Dijo que Pinilla reconoció en un interrogatorio que ya borró varios chats de su celular y entidades como la Contraloría han alertado de la pérdida de 69 cajas con material probatorio: “Lo anterior conduce claramente a inferir que actualmente en la Ungrd existen contratistas que están desapareciendo pruebas. (…) Y ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad o no lograrse un preacuerdo, los procesados (...) podrían intentar destruir, modificar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales probatorios o inducir a terceros para que se porten de manera desleal con la administración de justicia”.
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