La Defensoría del Pueblo alertó este martes que el paro armado indefinido que comenzó la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado domingo 11 de agosto en Chocó tiene confinadas a alrededor de 45.000 personas.
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El ELN informó el sábado que la medida afectaría a los ríos San Juan, Sipí y Cajón, así como a la vía que comunica a Nóvita con Torrá. La razón que dio el ELN para iniciar un paro armado fue el aumento de los combates contra el Clan del Golfo en los mencionados sectores.
“Son un total de 85 comunidades afro e indígenas, es decir, unas 45.000 personas, las que están en situación de confinamiento; 7500 de ellas están con doble afectación por la agudización del conflicto armado y factores ambientales o efectos asociados al cambio climático, lo que deriva en una situación de emergencia humanitaria”, dijo el defensor del Pueblo (e), Julio Luis Balanta Mina.
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Advirtió además que la confrontación y disputa territorial del ELN con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) agrava lo que está ocurriendo con las familias asentadas en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí, Taparal y Cajón y en inmediaciones de la carretera Nóvita-Torrá.
“El anuncio del paro afecta también a las comunidades indígenas de los resguardos Sanandocito (Sipí), Unión Wounán, Puadó, Mataré, La Lerma, Macedonia (Medio San Juan), Unión Chocó-San Cristóbal, Puadó-Mataré-La Lerma (Istmina), Docordó-Balsalito, Santa María de Pangala, Río Taparal, Tiosidilio, Togoroma, Buena Vista, Río Pichimá, Chagpien, Chagpien Tordó, así como de quienes forman parte de los consejos comunitarios del San Juan-Acadesan y Mayor de Nóvita-Cocoman”, precisó el organismo.
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Ante estos hechos, la Defensoría hizo un llamado urgente para que sean respetados los derechos fundamentales de los habitantes, pues están siendo expuestos a reiterados eventos de confinamiento, restricción a la movilidad, accidentes con minas antipersonal o artefactos explosivos y desplazamiento forzado.
“Agrava el lamentable panorama la limitación en el acceso a servicios esenciales como alimentación, salud y educación, y aún más por las afectaciones ambientales relacionadas con el desbordamiento e inundación del río San Juan”, agregó.
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En ese sentido, señaló que es necesario que las instituciones estatales, de manera coordinada, adelanten acciones urgentes de prevención y protección, todas orientadas a la garantía de los derechos fundamentales de la población civil en situación de riesgo o afectada.
