La Contraloría General de la República presentó este lunes 5 de agosto los avances en las investigaciones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y advirtió una deficiente ejecución presupuestal por parte de esa entidad ante la inminente llegada del fenómeno de La Niña y otros riesgos naturales.
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El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, indicó que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2024, la Ungrd solo ha ejecutado el 0,96 % del presupuesto destinado para la atención de riesgo y desastres. Además, 0,02 % ($2.13 billones) de lo que esta entidad contrató en 2023, no fue ejecutado y pasó como rezago presupuestal al año 2024.
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Rodríguez Becerra hizo un llamado al director general de la Ungrd, Carlos Carrillo, quien lleva cinco meses en el cargo, a “gestionar adecuadamente todos los compromisos, obligaciones, órdenes de proveeduría y contratos que recibió su administración o de reemplazarlos oportunamente, cuando haya decidido terminarlos anticipadamente”.
En ese sentido, alertó la Contraloría que “la inacción y/o la terminación anticipada de los compromisos adquiridos está ocasionando incrementos en los riesgos a mitigar y en los daños al erario ya producidos. Buen ejemplo de ello es el caso de los 40 carrotanques adquiridos para transportar agua en La Guajira, con un costo de $47.800 millones, que iniciaron como una proveeduría con presuntos sobrecostos y hoy, 6 meses después, ya son un suministro siniestrado y abandonado que no presta el servicio previsto”.
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Para el ente de control, resulta muy preocupante que Carlos Carrillo haya decidido la terminación anticipada de los contratos de obra suscritos en 2022 para la mitigación de riesgos de derrumbes y avalanchas en las cuencas altas de los ríos y quebradas que atraviesan el municipio de Mocoa.
“Además, el actual director de la Ungrd, como lo hizo su antecesor (Olmedo López), tampoco ha gestionado lo necesario y suficiente para la pronta y adecuada rehabilitación y reconstrucción de las serias afectaciones producidas por los derrumbes sucedidos en el municipio de Piojó (Atlántico), en septiembre de 2022”, señaló la Contraloría en su informe.
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Cuestionó el ente que “tampoco se ha logrado solucionar el boquete del Río Cauca en Cara 'e gato, jurisdicción de San Jacinto del Cauca (Bolívar) y que ocasiona severas inundaciones en varios sectores de La Mojana”.
Sobre este último caso, la CGR anunció que iniciará una indagación preliminar para revisar y evaluar la gestión fiscal de la Ungrd, los consultores, constructores e interventores que han participado en estas actividades y obras.
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La Contraloría también indicó que adelanta nuevas investigaciones sobre la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en todo el país, tiene en curso 17 actuaciones de control fiscal por $96.303 millones y ha ordenado medidas cautelares por $29.013 millones, por temas relacionados con ollas comunitarias, maquinaria amarilla, carrotanques y programa ‘Hambre Cero’, entre otros.
“Recientemente la Unidad Anticorrupción, en coordinación con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), ha estado analizando la información de un disco duro portátil con información vital, tanto para las investigaciones que se están adelantando como con miras a posibles nuevos hallazgos.
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En este momento la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción tiene a su cargo un total de 17 actuaciones (ocho Procesos de Responsabilidad Fiscal, cinco indagaciones preliminares y cinco antecedentes más en curso con amplio material documental y electrónico) con un monto de apertura, hasta el momento, de más de $96.303 millones”, explicó el ente.
Agregó que se han emitido medidas cautelares en dos de los ocho procesos, que tienen montos de apertura por $29.013 millones en total. “Se estudian los otros seis procesos en este sentido y se prevé el aumento de estas medidas con los antecedentes recibidos recientemente, respecto a ollas comunitarias, maquinaria amarilla y los hallazgos que conocemos como “carrotanques 3”. Se han vinculado a los procesos a alcaldes, interventores, supervisores de contrato y varias empresas”.
