El defensor del pueblo, Julio Balanta, anunció que el ente del Ministerio Público hará seguimiento a la suspensión de los cortes de energía eléctrica en el Caribe.
Leer también: Exigen celeridad en obras para reapertura del puente en calle 30
Relacionado: En Barranquilla, nueva reunión con generadoras de energía
Esto luego de que el Gobierno Nacional, entes departamentales y locales del Caribe y la empresa Air-e acordaran la suspensión de los cortes de energía entre agosto del 2024 y enero del 2025, particularmente en los barrios subnormales y de difícil gestión de municipios del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
'Los cortes de hasta ocho horas diarias que venía haciendo el prestador del servicio de energía eléctrica vulneraban los derechos fundamentales de las comunidades, como a la vida por conexidad con la salud; por ejemplo, para los usuarios de establecimientos hospitalarios y clínicos y las personas electrodependientes en sus respectivas viviendas', indicó el funcionario.
Agregó en este punto que la anterior era una acción a todas luces inconstitucional, sobre todo porque tener acceso al servicio no es un privilegio, sino una condición, además, para el disfrute necesario de una serie de derechos a partir de la conservación de alimentos, la climatización de espacios, la iluminación, el acceso a la educación, entre otras actividades indispensables en el día a día.
En visita misional del defensor al departamento de La Guajira, las comunidades insistieron en manifestar sus inconformismos por las deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.
De interés: Hogares e industria, los más afectados ante alza en tarifa de gas por déficit
'La entidad espera que en el curso de los próximos meses la empresa Air-e y las autoridades del ramo logren establecer los mecanismos necesarios que permitan brindar soluciones estructurales, a fin de que garanticen un servicio adecuado a las necesidades de la población. Así mismo y dado que los cortes han desencadenado en protestas y bloqueos en vías, lo cual ha derivado en la exacerbación de la conflictividad social, como también ha afectado varios renglones de su vida a parte de la población en la zona norte del país, la Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, con la participación de gobernadores y alcaldes, a propender por soluciones efectivas y reales y hacer cumplir el régimen constitucional y legal en la prestación del servicio hecho por Air-e', añadió el defensor.
