La Presidencia de la República ha retirado el esquema de seguridad de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del jefe de Estado, Gustavo Petro. Esta decisión ha generado controversia y preocupación, especialmente por las implicaciones que podría llegar a tener en la integridad personal de Vásquez y su papel como testigo de cargo contra Petro Burgos. Pero, ¿por qué se tomó esta medida? La Jefatura de Protección Presidencial argumenta que el retiro se debió a varios incumplimientos por parte de la mujer.
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De acuerdo con lo que dio a conocer el Ejecutivo, el incidente clave ocurrió el pasado 17 de julio de 2024, cuando Day decidió salir sin su escolta, según un informe oficial presentado por los funcionarios encargados de su protección. La Jefatura de Protección Presidencial señaló que Vásquez evadió el esquema de seguridad, asumiendo completamente el riesgo de salir sola. Este acto fue considerado un incumplimiento de sus deberes y obligaciones como persona protegida.
En respuesta a este incidente, la Presidencia se basó en el decreto 1066 de 2015, que permite retirar las medidas de protección en casos de incumplimiento de funciones por parte del protegido. El decreto establece que cualquier decisión al respecto no requiere consulta previa, otorgando a la Jefatura de Protección la autoridad para actuar de manera inmediata.
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Tras el incidente, Vásquez tuvo un periodo de diez días para justificar su decisión de salir sin protección. Sin embargo, según la Jefatura, no presentó ningún informe ni pruebas que explicaran su acción. Ante la falta de justificación, la Presidencia procedió con la suspensión del esquema de seguridad.
La defensa de Vásquez, encabezada por el abogado Alait Freja, ha expresado su preocupación por la decisión de la Presidencia, argumentando que retirar el esquema de seguridad no solo pone en peligro la vida e integridad personal de Vásquez, sino que también podría interpretarse como un intento de disuadirla de su papel como testigo en el caso contra Nicolás Petro Burgos. Freja considera que la medida es un acto de intimidación que busca afectar el proceso judicial en curso.
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La Jefatura de Protección Presidencial, por su parte, ha defendido su decisión, insistiendo en que se basa exclusivamente en el incumplimiento de las normas establecidas y no en factores externos o presiones políticas. Según el ente, la seguridad de los protegidos debe cumplir con ciertos requisitos y protocolos, y cualquier desviación de estos puede justificar la retirada de la protección.
