La Fiscalía General de la Nación emitió este lunes 15 de julio un boletín donde indica la judicialización a dos exintegrantes de la Policía Nacional y a ocho personas más por presunto lavado de 24.970 millones de pesos, del narcotráfico.
De interés: Programan cortes eléctricos en sectores del Atlántico para este martes
“La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, permitió identificar a una red delictiva que estaría involucrada en el lavado de 24.970 millones de pesos, que corresponderían a recursos obtenidos por el tráfico trasnacional de estupefacientes”, se lee en el comunicado.
Asimismo, indicaron que las capturas de los 10 sujetos, “presuntos integrantes del entramado ilegal”, se dieron en diligencias realizadas en Bogotá, Cartagena (Bolívar), Baranoa (Atlántico) e Ibagué (Tolima).
Los dos expolicías fueron identificados como Andrés Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro, ambos mayores en retiro de la Policía Nacional.
Leer más: Yairo Moreno recibe la llamada ganadora: pasó los exámenes médicos en Junior
“Los elementos materiales probatorios indican que los oficiales habrían constituido dos comercializadoras de productos cárnicos, con el propósito de darle tránsito a los dineros ilícitos. Una de las compañías, en tan solo dos años, reportó transacciones bancarias por 11.000 millones de pesos, movilizó 971 millones en efectivo en carros de valores y registró 117 transacciones por 33.000 dólares en el Banco de República”, aseguró la Fiscalía.
Respecto a los demás detenidos, las autoridades indicaron que al parecer estaban vinculados a las empresas y “figuraban como titulares de 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos y objetos lujosos, sin tener la capacidad económica ni estabilidad laboral para obtener estos bienes”.
Ver también: Jesurun y su hijo están libres: “Un guardia me empujó y se armó el tumulto”
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 10 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Sin embargo, los cargos no fueron aceptados por los sujetos.
“Los mayores en retiro seguirán privados de la libertad en sus lugares de residencia, donde permanecen luego de ser judicializados y asegurados por tráfico de estupefacientes, en agosto de 2023”, enfatiza el documento.
