La Defensoría del Pueblo contabilizó 73 desapariciones forzadas en Arauca en el primer semestre de 2024, 38 más que el mismo periodo del año anterior, como resultado de la agudización del conflicto entre una disidencia de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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En ese periodo, también fueron registrados 78 homicidios, detalló el organismo en un comunicado.
A lo largo del 2023 la Defensoría contabilizó la desaparición de 113 personas, 37 de las cuales se desconoce aún su paradero, mientras que en lo que va de 2024 son 29 las personas que aún siguen desaparecidas.
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Uno de los casos más recientes, ocurrido el 6 de mayo pasado, fue el del ganadero Uriel Parales, de 64 años, que fue secuestrado presuntamente en este departamento y de quien no se tiene información alguna hasta el momento.
'Es de suma preocupación las graves vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos armados al margen de la ley que delinquen en el departamento, como las disidencias de las FARC y el ELN', lamentó la Defensoría.
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El modus operandi de las desapariciones es la identificación de las víctimas por parte de sujetos armados que las abordan, intimidan y someten, en la mayoría de los casos, a 'juicios que incluirían torturas y castigos, con el fin de comprobar o descartar si hacen parte de o colaboran con otro grupo armado', concretó la entidad.
Además, la Defensoría resalta un 'subregistro' de las desapariciones debido a que muchas familias se niegan a denunciar por temor a las represalias, y que también se acercan a los secuestradores para recibir información de sus seres queridos.
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'La desaparición forzada constituye una evidente violación a los derechos humanos y se convierte en crimen de lesa humanidad cuando es cometida de manera generalizada o pasa a ser una práctica sistemática, como está sucediendo en Arauca', reivindicó la entidad, que hizo un llamamiento a las disidencias a 'ponerle fin a tan violenta práctica, la cual subyuga a la población civil, produce terror y causa sufrimiento'.
Asimismo, pidió al Estado que preste atención a la 'compleja situación de orden público que sigue viviendo el departamento con el encaminamiento de acciones que permitan mitigar sus efectos, los cuales vulneran los derechos de las comunidades'.
