La Contraloría General de la República informó este miércoles 3 de julio que ha dirigido una advertencia al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Banco Agrario y a la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social Rural por los “riesgos técnicos y económicos” que implica la Resolución 490 de 2023 sobre financiación de Vivienda de Interés Rural.
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De acuerdo con el ente de control, la resolución dispone de subsidios otorgados a anteriores beneficiarios del Programa de Vivienda de Interés Social Rural para ser aplicados a otros. En ese sentido, la CGR señala que, en caso de materializarse, “generarían una alta posibilidad de afectación al erario”.
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“A la fecha persiste la existencia de un riesgo próximo y real ante la aplicación de la Resolución 490 de 2023 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que conlleve a la destinación de subsidios otorgados a beneficiarios, a los que el Estado reconoció su derecho a una vivienda digna, para ser aplicados a otros beneficiarios del programa de vivienda de interés social rural; y, por otra parte, la ralentización del Programa de Vivienda de Interés Social Rural a nivel nacional”, explicó el ente en un comunicado.
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La Contraloría advirtió que con la aplicación de la resolución se estaría haciendo uso de subsidios que pueden estar invertidos en viviendas en construcción, terminadas y no entregadas a los beneficiarios, o en viviendas que apenas van a iniciar la construcción, puesto que el acto administrativo determinó conformar unidad de caja con los subsidios no materializados del programa.
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“La Resolución del Minagricultura establece la posibilidad de reconocer el presunto desequilibrio económico en los contratos a cargo de las 5 Gerencias Integrales priorizadas, sin agotar las instancias determinadas por la Constitución y la Ley, sobre las viviendas terminadas antes de la entrada en vigencia de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, por lo que podría incurrirse en una afectación al patrimonio público por $50.653 millones”, agregó la CGR.
Asimismo, la Contraloría considera que “se presenta vulneración de la función administrativa, al expedir un acto administrativo sin el previo respaldo presupuestal y determinar la unidad de caja con recursos de diferentes fuentes y destinación específica, en contravía del marco normativo presupuestal”, por cuanto se trata de recursos con destinación específica.
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Según la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, existe un riesgo financiero por lo dispuesto en la resolución que determina realizar desembolsos por un valor total de $54.652 millones ($54.652.477.974,52) por concepto de reconocimiento de subsidios de vivienda al valor presente.
Además, el ente de control reportó el hallazgo de un rezago significativo de subsidios otorgados desde el año 2000 a 2019, que corresponden a beneficiarios a los que no se les ha construido o entregado su vivienda, aunque algunos demolieron sus casas de baraque, esperanzados en la vivienda que recibirían por parte del estado, y actualmente se encuentran viviendo en condiciones precarias.
