A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo informó este martes que emitió la alerta temprana 016-2024 para el sur del departamento del Casanare, concretamente para las poblaciones de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y sus zonas rurales, debido al riesgo que corren las comunidades por cuenta de la disputa territorial entre grupos amados ilegales.
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'Hay tres escenarios de riesgo relacionados entre sí, como lo son el proceso de consolidación del control armado ilegal ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), su accionar violento y la injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su frente José David Suárez, y de facciones disidentes de las FARC, particularmente de sus frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central (EMC)', se lee.
Por parte del Clan del Golfo, indica el organismo del Ministerio Público que en su proceso de expansión, viene posesionándose geoestratégicamente de manera violenta, e incluso ha eliminado y replegado pequeñas estructuras de las antiguas estructuras paramilitares que mantenían el control local. Ello le ha permitido alcanzar supremacía ante los oponentes y enemigos para hacerse al control y articulación del sur del Casanare en espacio geográfico, aceptación de las comunidades rurales y urbanas e ingresos derivados de la dinámica económica del territorio.
'Los grupos armados han incursionado en sectores de pobreza extrema y exclusión social para demostrar poder, capacidad de acción y control, lo cual ha generado temor, intimidación y sometimiento. Igualmente, han reclutado población joven de sectores frágiles y vulnerables, bajo el engaño de darles oportunidades que el Estado y la sociedad en su conjunto les han negado', advierte el reporte.
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Por todo esto, organizaciones comunitarias y campesinas, víctimas del conflicto armado, niñas, niños y jóvenes, firmantes de paz, mujeres, servidores públicos de las localidades en mención, agricultores, ganaderos, reclamantes de tierras, población socialmente estigmatizada, sindicalistas, comerciantes, transportadores, docentes, estudiantes, entre otros, podrían ser blanco de variadas formas de violencia, lo que vulneraría sus derechos, además de que sería infringido el Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo cual coartaría su libertad, integridad y seguridad.
'Estarían en riesgo de desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, utilización y uso de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, secuestros, homicidios selectivos y múltiples, desaparición forzada, hostigamientos y ataques armados con efectos indiscriminados, destrucción de bienes civiles, atentados con artefactos explosivos, entre otras situaciones de riesgo', alerta la Defensoría.
Debido a lo anterior, la entidad emitió un total de 28 recomendaciones a entes nacionales, departamentales y locales, con el fin primordial de que sean atendidas y protegidas las comunidades de los cascos urbanos de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y de sus corregimientos y veredas.
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'Al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares las insta a realizar operativos de patrullaje y control, así como labores de inteligencia que permitan detectar de manera previa la presencia y accionar de integrantes de los grupos armados organizados. A la Policía del departamento, implementar puestos de control en los corregimientos con posibles pasos de los grupos armados ilegales y en las salidas de los municipios hacia las zonas de la sabana del Casanare. Al Ejército Nacional, reforzar los controles en zona rural del piedemonte para que neutralice el accionar e intimidación que ejercen el ELN y las disidencias de las Farc sobre la población. Además, les hace recomendaciones a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio Público, a la Gobernación de Casanare, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros entres', concluye el boletín.
