La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó este viernes en un comunicado las amenazas que públicamente se han conocido en contra los firmantes de paz que se venían reincorporando a la vida civil en Miravalle, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, y que los obligó a dejar el territorio para proteger sus vidas y las de sus familias.
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'Los antiguos integrantes de las extintas FARC-EP asentados en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) Centro Poblado Óscar Mondragón se vieron forzados a desplazarse, truncando significativamente el proyecto de vida individual y colectivo que comenzaron a construir desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Esto, debido a las 'disputas territoriales por parte de grupos armados que nos dejan en medio de la zozobra, riesgo e incertidumbre'', se lee.
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Por ello el tribunal de paz pide a la Fiscalía y a las autoridades judiciales competentes que investiguen estos hechos y brinden las condiciones y garantías de seguridad, protección y prevención necesarias para hacer posible el retorno seguro, sostenible y voluntario de la comunidad de firmantes que se han visto forzados a desplazarse.
'Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la política, sino con quienes sufrieron los vejámenes del conflicto armado', agrega el documento.
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E hizo la JEP un llamado al Gobierno Nacional para que desarticule los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios. Y en el marco de la medida cautelar colectiva adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en 2020 para proteger los derechos y la integridad de los comparecientes forzosos ante la JEP, la magistratura le solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que, ante la grave situación de seguridad, recabe información que permita tomar decisiones de fondo para contener los riesgos que los firmantes de paz vienen reportando en su contra.
Y recordó el tribunal de paz que en marzo de 2024, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP visitó el Aetcr de Miravalle, en el sur del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, para entregarles a medio centenar de firmantes del Acuerdo de Paz, integrantes de las extintas FARC-EP, los certificados de las amnistías presidenciales otorgadas luego de 2016 y que para ese momento no les habían sido notificadas.
