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Un reciente informe hecho por la Contraloría reveló que pese a que legislación colombiana insta a que exista una educación inclusiva en el país aún hay barreras “significativas” que obstaculizan el acceso equitativo a la educación para las personas con discapacidad.

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El estudio arrojó que 8 de cada 10 estudiantes con discapacidad no están caracterizados dentro del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), evidenciando que el servicio educativo “no está siendo efectivo para la atención de las necesidades educativas especiales”.

Y es que el 21 % de los niños con discapacidad registrados en el SIMAT (38.067 estudiantes con discapacidad) cuentan con certificación del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), quedando un 79 % por caracterizar.

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En lo que se refiere a financiación, el órgano de control considera que podría no ser suficiente considerando la alta prevalencia de discapacidad física. “Los recursos adicionales podrían no estar siendo empleados de manera efectiva debido a las barreras de infraestructura, lo que podría comprometer la prestación adecuada del servicio educativo”.

Estas deficiencias se traducen en afectaciones a más de 77 mil niños, niñas y jóvenes con discapacidad, representado en un 55 % por la región Centro Oriente (42.654), seguido de la región Caribe (11.306) con 15 % y Pacífico (9.492) con 12 %, en contraste, las regiones que representan menor proporción de afectación son Llanos (5.619) con 7 %, Centro Sur (5.013) con 6 % y Eje Cafetero (3.616) con 5 %.

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Pero las fallas no paran allí, los diversos obstáculos se reflejan en la alta deserción escolar es que alcanza el 5.19 %, una tasa superior a la nacional (4.57 %). Por ello el órgano de control insta a que se redoblen esfuerzos para reducir el abandono escolar a través de acciones concretas y efectivas por parte de las autoridades educativas.

En lo que se refiere a las brechas educativas, el informe detalla que los resultados de las Pruebas Saber 11 revela brechas de 40 puntos entre la población con discapacidad y la población general. Observan una mejora en los puntajes pero la caída constante de los puntajes generales, dicen, plantea dudas sobre la efectividad de la estrategia

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“(Hay una) necesidad urgente de abordar las brechas y desafíos identificados para garantizar una educación inclusiva y equitativa en el país. La falta de certificación de estudiantes con discapacidad, las dudas sobre la suficiencia de los recursos asignados y las disparidades en los resultados de las Pruebas Saber 11 son solo algunas de las áreas que requieren atención inmediata”, concluyeron.