Una tormenta atraviesa en este momento el Ministerio de Educación, pues tres de sus temas principales pasan por una mala hora: se hundió el proyecto de ley estatutaria de la reforma a la salud, hay crisis en la escogencia de la rectoría en la Universidad Nacional y está el lío del cambio de modelo de salud para el magisterio.
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La ministra del ramo, Aurora Vergara, desde el pasado mes de marzo, se negó a firmar el nombramiento de José Ismael Peña, el favorito de las directivas universitarias, como rector de la Universidad Nacional, lo que derivó en una dura crisis institucional y una batalla legal en la universidad pública más importante del país. Luego se dio el nombramiento de Leopoldo Múnera, el preferido de los estudiantes, en su lugar, y arreció la división en el sector. Ahora el Consejo de Estado decidirá sobre la legalidad de las elecciones de rector.
Además, la jefa de la cartera educativa, como presidenta de la junta directiva del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, participó en la estructuración y puesta en marcha del cambio en la prestación de los servicios de salud para más de 800.000 afiliados. Pero en este caso se han hecho evidentes los problemas de dispensación de medicamentos, de continuidad de tratamientos médicos esenciales y cancelaciones de cirugías.
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Finalmente, se hundió la reforma a la educación por falta de consenso y en medio del paro de Fecode, el sindicato de maestros: independientes y opositores buscan un modelo en que los privados se vean más beneficiados y el oficialismo y los maestros quieren que el Estado priorice lo público.
Al respecto de la caída del proyecto, Vergara dijo este jueves en la emisora W Radio que para el último debate en la plenaria “la única diferencia es que el tiempo ya era muy poco para establecer consensos que sí se establecieron en otros escenarios”.
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Recordó que el proyecto estuvo ocho meses en la Cámara, mientras que en el Senado solo estuvo un mes: 'Empezó a configurarse un escenario de desconfianza que se manifestó en archivar el documento (…). Imperó la desconfianza de los diferentes partidos”.
Y concluyó la ministra que 'para la próxima legislatura tendremos que garantizar que sobre esos puntos el país tiene un acuerdo. (...) Colombia no puede seguir arriesgando el futuro de la generación de estudiantes en un país en donde hay 28.000 escuelas sin herramientas”.
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Puntualizó que en los consejos de ministros lo que sostuvo el presidente Gustavo Petro es que el punto número uno de su Gobierno es la educación, por eso, destacó, para el 2024 lograron tener un presupuesto de $70 billones.
El pasado miércoles la ministra de Educación había dicho que la voluntad del Gobierno es insistir con la iniciativa y abrir escenarios de diálogo con todo el sector educativo.
'Debemos seguir insistiendo en la búsqueda de consensos que nos permitan avanzar en la construcción de una nación donde podamos convivir y construir un futuro juntos. Desde el Gobierno tenemos la voluntad de continuar el proyecto de ley estatutaria con la esperanza de consolidar un gran acuerdo nacional por la educación', dijo la jefa de la cartera.
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Agregó que se abrirán los escenarios de diálogo social que sean necesarios 'porque el presente de los niños y el futuro de las nuevas generaciones de colombianos no pueden quedar en puntos suspensivos'.
Manifestó en este sentido que las familias que viven en contextos de mayor vulnerabilidad necesitan una educación de calidad, en condiciones de equidad.
'Esto no da más espera. Colombia requiere nuevas leyes de educación y una inversión estatal suficiente que permita llevar al país la educación universal como estrategia para generar desarrollo sostenible, equidad y paz. El llamado es a todo el sector educativo para darle al país la respuesta que está esperando hace 30 años: la educación no puede seguir siendo un privilegio, debe ser un derecho fundamental', concluyó.
El propio Petro reconoció hace un par de días que la gestión del Ejecutivo en materia de educación no ha sido la mejor: 'El exministro de Educación, Alejandro Gaviria, no solo dejó esfumar los recursos por $1,3 billones para la construcción de sedes de la universidad pública en el 2023 sino que, además, no permitió que se trasladara al plan de desarrollo que el FFIE, el fondo que planifica y financia la construcción de infraestructura educativa pública, tuviera como responsabilidad, también, las sedes de universidades públicas. Desde el mismo Ministerio se planificó, contra el programa del Gobierno, que se expandiera la educación pública superior, en provecho de intereses particulares'.
Pero no todo es malas noticias en la cartera, pues esta informó en las últimas horas de una transferencia de recursos por el orden de $421 mil millones para las Instituciones de Educación Superior públicas. De esos recursos, $253 mil millones serán destinados al fortalecimiento de la base presupuestal y al cierre de brechas de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, y $167 mil millones serán para fomentar el acceso de nuevos estudiantes a través de los Planes Integrales de Cobertura en el marco de la estrategia 'Universidad en Tu Territorio', programa que a la fecha registra 64.729 nuevos cupos al sistema.
'Además, las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (ITTU) públicas recibirán una asignación adicional de 50.000 millones. De estos, 8.000 millones se destinarán al fortalecimiento de la base presupuestal de estas instituciones y 41.000 millones para la ampliación de cobertura', se lee en el comunicado.
Y agregó el Ministerio que gracias a una asignación presupuestal de 2,2 billones de pesos en este año, ya se cuenta con cerca de 800 mil beneficiarios de la política de gratuidad 'Puedo Estudiar', lo que representa el 93 % de la población estudiantil de pregrado en las IES públicas: 'La meta del Gobierno Nacional es aumentar la tasa de cobertura en educación superior del 53,83 % al 62 % para 2026. En estos 22 meses de Gobierno logramos aumentar 2 puntos porcentuales llegando al 55 %', afirmó la ministra.
