Las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo los procesos de producción de los alimentos para la población carcelaria en varios centros de reclusión no cumplirían con las normas de salubridad necesarias, según evidenció la Contraloría General de la República (CGR) luego de una serie de auditorías realizadas en varias cárceles del país.
De acuerdo con lo que denunció el ente de control recientemente, tras la diligencia se identificaron un total de 68 hallazgos con incidencia disciplinaria, mismos que afectarían directamente la calidad e inocuidad de los alimentos suministrados a las personas privadas de la libertad, y pondrían en riesgo la salud de dicha población.
Según la delegada de la CGR para el sector justicia, en medio de una de las auditorías se estableció también un hallazgo fiscal relacionado con el no suministro de varias raciones de alimentos durante diciembre de 2023 en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
“Se estableció un presunto hallazgo fiscal relacionado con el no suministro de 24.645 raciones de alimentos durante el mes de diciembre de 2023 en CPAMSEB El Barne - Cómbita, por valor de $382.120.725. Las raciones no fueron entregadas a las personas privadas de la libertad y tampoco descontadas para el pago correspondiente”, reveló la Contraloría a través de un comunicado de prensa.
Acorde con el ente regulador, la negativa de suministrar dichas raciones de comida puso en riesgo la salud física, mental y la integridad de los presos y el personal del INPEC “al incrementar el riesgo de una asonada o motín carcelario, como resultado de sus necesidades básicas no satisfechas, la desnutrición y/o la falta de alimentación”.
Asimismo, en otras cárceles como la de Cartagena, La Dorada, la de Buga, la de Jamundí y la de Cali, se encontraron otras fallas relacionadas a la atención médica suministrada a los privados de la libertad.
“En el establecimiento CPMS Cartagena se han presentado pérdidas en los cupos que se tienen en establecimientos médicos por el no traslado oportuno de personas privadas de la libertad que requerían servicios de salud, afectando de manera sustancial la oportuna y eficaz atención médica”, indicó la CGR.
En tanto que, en la CPAMS La Dorada–Caldas, el EPMSC de Buga, la CPAMSEB El Barne Cómbita– Boyacá, la COJAM Jamundí y el EPMSC de Cali, “se evidencian deficiencias en el abastecimiento y entrega de medicamentos”.
Finalmente, la Contraloría advirtió sobre una presunta debilidad en la infraestructura de los centros carcelarios, especialmente en la cárcel de Cómbita, en donde se determinó que hay un pozo profundo, “obra que se encuentra abandonada y no está cumpliendo el objeto para lo cual fue diseñada, por lo cual se solicitó la apertura de una indagación preliminar con el propósito de determinar el daño y su cuantía”.
Respecto a este último aspecto la entidad precisó que, en materia de construcción de ampliación de cupos y mejoramiento o construcción de la infraestructura física, se identifican varias deficiencias. Entre ellas en: la atención adecuada a la infraestructura, el cumplimiento de los estándares técnicos de calidad, seguridad y habitabilidad, la supervisión e interventoría y gestión de la contratación, la ejecución de presupuesto asignado y el establecimiento con plantas de tratamiento de agua potable y plantas de tratamiento de agua residual.
