Una vez aprobada el pasado viernes a ‘pupitrazo’ la reforma pensional en último debate, captarán la atención de los legisladores en esta semana que resta de sesiones ordinarias de la legislatura las reformas laboral y a la educación, así como las mociones de censura citadas en la Cámara.
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Aunque se pensaba que la pensional iba a llegar a contrarreloj hasta el mismo 20 de junio, día en que acaba la segunda legislatura del Congreso actual, una proposición del oficialismo en la Cámara de acoger todo el texto aprobado en el Senado para que la reforma no tuviera que ser conciliada sino que pasara directamente a sanción presidencial, dejó lista para pintura la controvertida iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro.
No obstante, la oposición anunció las demandas correspondientes ante la Corte Constitucional para denunciar el trámite “viciado” del articulado.
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Así las cosas se espera que este lunes, desde las 8 de la mañana, el turno en el ring sea para el primer debate de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara.
El proyecto, de 98 artículos en total, tiene 68 artículos aprobados y 23 eliminados. Es decir, a la polémica iniciativa le faltan siete artículos para ser aprobada en su primer debate y pasar, durante la próxima legislatura, al segundo de los cuatro debates reglamentarios en la plenaria de la cámara baja.
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Entre los más recientes puntos aprobados se encuentran los de la indemnización por despido sin causa justa, la formalización del trabajo doméstico remunerado, la flexibilidad en el horario laboral para personas cuidadoras de personas con discapacidad y la ampliación de la licencia de paternidad de dos a seis semanas.
También se avaló la protección contra la discriminación, que cobija a mujeres en embarazo, quienes profesen alguna religión y las víctimas de violencias basadas en género; así como la protección al trabajo femenino rural y campesino, que dicta que deberán ser remuneradas por el trabajo que realizan en la preparación de alimentos, el cuidado de animales y de cultivos, y ser cobijadas por la seguridad social teniendo en cuenta que se dedican al cuidado de familias, personas enfermas, personas con discapacidad y otras.
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De igual modo, se aprobaron los artículos de la jornada máxima legal, que dispone que esta no podrá superar las 8 horas al día ni las 42 a la semana y el que establece que los empleadores deben conceder licencias a los trabajadores para votar, por grave calamidad doméstica, y deben permitir ausencias para comisiones sindicales, asistir al entierro de compañeros, asistir a citas médicas programadas o de urgencia, cumplir obligaciones escolares como acudiente de menores del núcleo familiar y para atender asuntos judiciales o relacionados con violencias basadas en género.
Además pasó que los contratos a término fijo puedan tener una duración máxima de tres años, celebrarse por escrito, especificando la necesidad y si no se cumplen estas condiciones, el contrato se considerará a término indefinido.
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Pero la oposición también tuvo sus triunfos y logró eliminar una veintena de artículos sobre las huelgas y derechos colectivos, sobre los que el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, sostuvo que ' pretendían desregular las huelgas, que no tuvieran el límite de tiempo de 68 días, que se pudieran votar de manera antidemocrática (…). Aquí no se trata de que no se den garantías a los trabajadores sindicalizados pero sentimos que eso no genera nuevos empleos sino que rompe la paz social, estaban buscando una conflictividad permanente'.
Por otro lado, en la plenaria del Senado, se espera que también este lunes llegue a último debate el proyecto de ley estatutaria de la reforma a la educación, que arriba con dos ponencias, una del oficialismo y otra de la oposición, como consecuencia de que se rompieran los acuerdos a que habían llegado todos los partidos en el penúltimo debate del proyecto en la Comisión Primera del Senado.
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Esto luego de que el sindicato de maestros de Fecode declarara un paro indefinido por no estar de acuerdo con la ponencia unificada que se había aprobado en la célula legislativa, señalando que la reforma promovía la privatización de la educación.
Y aunque ambos sectores políticos se reunieron el pasado miércoles para buscar acuerdos, no hubo una postura consensuada. Pero sí ratificaron que en el sistema educativo debe haber una oferta pública y una oferta privada; que se agregara un parágrafo para dejar claro que el SENA mantiene su autonomía financiera y administrativa; que se precisara que la evaluación docente es de carácter obligatoria y deberá ser regulada posteriormente; y que se incluyera un nuevo artículo garantizando la financiación del SENA.
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No obstante, aún hay desacuerdos en torno a la potestad presidencial de cómo distribuir los recursos en el sistema educativo.
Y este lunes y martes se prevé que sean sesiones que comande la oposición en virtud del Estatuto de Oposición y se usen para las primeras dos mociones de censura de las seis citadas, contra los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Defensa, Iván Velásquez.
Así las cosas, hasta el jueves habrá sesiones ordinarias, en las que de no aprobarse las dos reformas que quedan en vilo, laboral y educación, se hundirán.
