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El expresidente Ernesto Samper Pizano se pronunció este lunes sobre la idea del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Constituyente a través del Acuerdo de Paz firmado con las Farc en 2016.

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En un comunicado, el exmandatario de Colombia comenzó diciendo que sí está de acuerdo con una “asamblea constituyente por la paz”, siempre y cuando sea “dentro del orden constitucional”.

“La Constitución de 1991 no es intocable, de hecho ha sido reformada varias veces desde su promulgación. La opinión ha mencionado temas que deberían ser incluidos en dicha reforma como: el ordenamiento territorial y la justicia. El presidente Petro ha mencionado la necesidad de incluir nuevas normas ambientales.

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También podrían ser mencionados temas relacionados con la paz como el régimen de tierras, la obligatoriedad del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el resarcimiento colectivo de las víctimas”, señaló.

Sobre cómo se deberían tramitar estos cambios constitucionales, Samper recordó que el artículo 374 de la Constitución señala que cualquier reforma constitucional debe tramitarse a través del Congreso, una Asamblea Constituyente o un Referendo.

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“Para el caso específico de la Asamblea Constituyente el artículo 376 señala que debe ser aprobada por una ley de mayorías en el Congreso, apoyada por una tercera parte del censo electoral (alrededor de 13 millones de ciudadanos) y elegida popularmente”, explicó.

En ese sentido, Samper concluyó que “a la luz de estas normas vigentes NO es posible legitimar la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el Acuerdo de Paz de La Habana suscrito entre el Estado y las FARC”.

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Para el expresidente, si se llegara a convocar la constituyente bajo estos términos, “sería una Constituyente de facto, un salto al vacío de la institucionalidad que empezaría por desconocer el Congreso y la Corte Constitucional”.

“Queda el camino de hacerlo a través de un Acuerdo Nacional, como el que ha propuesto el mismo presidente Gustavo Petro, en el cual los partidos políticos representados en el Congreso convengan los puntos clave de una reforma constitucional que alcanzaría a tramitarse -inclusive en dos sesiones legislativas distintas- antes de terminar el mandato del presidente”, agregó.

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Consideró que para que esta vía fuera posible, sería necesario un cambio en las acciones que la oposición está desarrollando contra el Gobierno, tales como:

“Impedir que al menos se discutan sus reformas sociales en el Congreso, estimular la judicialización de la política (lawfare) y buscar el daño reputacional e internacional de la confianza en la economía, lo que se ha denominado un “golpe de Estado blando”, que busca impedir de manera ilegítima el ejercicio legítimo de la gobernabilidad en Colombia”, sostuvo.