El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al presidente Gustavo Petro en el lío de las basuras cuando fue alcalde de la capital del país, entre 2012 y 2016.
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La corte departamental estableció que el acto administrativo por el cual el entonces mandatario distrital cambió el modelo de la recolección de basuras en Bogotá fue legal.
Por ello, advirtió, el fallo fiscal de la Contraloría Distrital de Bogotá, que le impuso una multa a Petro Urrego por más de $22 mil millones, violó el debido proceso.
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El tribunal le ordena por ello al ente de control fiscal capitalino “dejar sin efecto única y exclusivamente la condena de responsabilidad fiscal impuesta a los señores Gustavo Francisco Petro Urrego, María Mercedes Maldonado Copello, Alberto José Merlano Alcocer y Gerardo Ignacio Ardila Calderón y dejar sin efectos la inclusión de cada uno en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría y en el registro de inhabilidades de la Procuraduría”.
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Los togados Óscar Dimaté, César Chaparro y Moisés Mazabel, determinaron que se presentó una violación al debido proceso por parte de la entidad, además de afirmar que los implicados fueron sancionados sin que existiera un fundamento legal.
