En el marco del juicio disciplinario que se le sigue en la Procuraduría al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en la suspensión del contrato de elaboración de pasaportes, el representante legal de la empresa mexicana fabricante de documentos de seguridad, Accesos Holográficos, criticó que los requisitos de la licitación pública 001 de 2023 para la elaboración de los pasaportes supuestamente favorecían al proveedor actual británico Thomas Greg & Sons.
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Se trata de Juan Carlos Sánchez, representante legal de Accesos Holográficos, con matriz en México y subsidiarias en Colombia, República Dominicana, Panamá y Filipinas.
'Las condiciones de la licitación no eran favorables para nosotros para poder participar libremente', dijo.
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Explicó en este sentido que 'como empresa especialista en impresiones de seguridad tenemos procesos en los que participamos solos o con uniones temporales, ayudamos a hacer parte de los pasaportes en México por ejemplo, y queríamos analizar si podíamos participar solos o en consorcio en Colombia, pero habia requisitos que ni solos ni asociados se podían cumplir'.
Precisó en este aspecto que 'la implementación de los pasaportes estándar a nivel internacional es de siete meses y la licitación pública 001 de 2023 era de dos meses. (...) La única empresa que podía cumplir con ese plazo era la que ya tenía implementado el proceso, Thomas Greg & Sons'.
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Así mismo, cuestionó que 'el pasaporte usa un solo chip y la exigencia de un tercer chip en la licitación no aporta valor de seguridad al pasaporte, esos chips los fabrica una empresa que trabaja con el proveedor de pasaportes actual, y hay cuatro empresas de esas en el mundo'.
Y concluyó que 'pedir una planta de personalización de pasaportes en Bogotá implica inversiones superiores a los 5 millones de dólares'.
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En este proceso, el Ministerio Público cuestiona una primera aparente anomalía de Leyva que se habría presentado al declarar desierta la licitación 001 de 2023, 'sin tener el sustento técnico y jurídico necesario para ello'; y la segunda porque “decretó la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación”.
El ex ministro de Relaciones Exteriores y el presidente Gustavo Petro habían aseverado que la licitación que se cayó era supuestamente irregular puesto que había un solo proponente al que las condiciones del pliego presuntamente favorecían.
