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A pesar del agitado clima político y social que actualmente rodea al país, continúan los nombramientos del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Recientemente se dieron a conocer los nombres de los funcionarios que quedarán a cargo de los consulados de Colombia en Londres y Chile.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la ex ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, se irá como cónsul a la capital inglesa; mientras que María Antonia Pardo, más conocida como Nany Pardo, será la nueva cónsul de Colombia en Chile.

Ahora bien, lejos de apaciguar los escándalos que han venido surgiendo en el gobierno del presidente Petro, estos nuevos nombramientos, en especial el de Vélez Torres, lo que hacen es incrementar la polémica, pues no ha mucho la funcionaria estuvo en el ojo del huracán tras conocerse que enero de este año, supuestamente, utilizó sus influencias como ministra para facilitar la salida irregular de su hijo menor al exterior.

De hecho, por dicho caso Irene Vélez renunció a su cargo, la Fiscalía abrió una investigación y la Procuraduría General de la Nación formalizó un pliego de cargos, por su presunta participación en un caso de tráfico de influencias.

Según la información recopilada, Vélez habría utilizado su posición para influir en funcionarios de Migración Colombia, solicitando una excepción para que sus hijos viajaran a Holanda, a pesar de no cumplir con los requisitos legales necesarios.

Las pruebas presentadas incluyen un correo electrónico enviado por Vélez a un funcionario de Migración Colombia, detallando la situación de sus hijos y solicitando autorización para su viaje.

La semana pasada, el Ministerio Público anunció que Vélez enfrentará un juicio disciplinario por este asunto, en el que se investigará si utilizó su cargo en beneficio propio al tratar de asegurar la salida de sus hijos del país sin cumplir con los requisitos legales establecidos.

Este proceso podría resultar en una inhabilidad para ejercer cargos públicos por varios años, aunque la defensa de la exministra ha calificado la investigación como exagerada. En el juicio disciplinario, Vélez deberá explicar por qué pudo haber evadido un requisito normativo que a ningún otro ciudadano se le habría permitido eludir.