Exguerrilleros de las farc aceptaron su participación en el secuestro de 12 diputados del Valle del Cauca y el posterior asesinato de 11 de ellos en hechos ocurridos el 11 de abril de 2002. Los delitos les fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
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Los ochos miembros del Bloque Occidental de la extinta guerrilla a través de una carta allegada al tribunal de paz reconocieron 'los profundos daños que nuestras acciones provocaron en la vida personal, familiar y comunitaria de las víctimas de los secuestros que cometimos'.
El organismo de justicia transicional le imputó a los ocho exguerrilleros en diciembre pasado los delitos de crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, violación sexual, tortura, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, tortura, asesinato, desaparición forzada, violación sexual, y otros actos inhumanos.
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Durante la imputación de los cargos, la JEP señaló que los 12 diputados fueron sometidos a malos tratos que se reflejaban en 'el aislamiento, las marchas forzadas, la insuficiencia de recursos materiales para la supervivencia, las cadenas y amarres, los castigos, los gritos, amenazas, humillaciones y simulaciones de fusilamiento'.
Los 12 políticos del Valle que fueron secuestrados y luego asesinados en 2007 –a excepción de uno- fueron: Rufino Varela, Carlos Barragán, Jairo Javier Hoyos Salcedo, Alberto Quintero Herrera, Juan Carlos Narváez, Edinson Pérez, Nacianceno Orozco, Carlos Charry, Francisco Giraldo, Ramiro Echeverry, Héctor Arismendy y Sigifredo López, este último fue el único sobreviviente.
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Los dirigentes vallunos fueron raptados como forma de presionar al Gobierno nacional para intercambiar militares, civiles y políticos secuestrados, por guerrilleros presos.
