A través de un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) confirmó que efectivamente está realizando visitas de inspección en Thomas Greg y en la Registraduría, algo que más temprano había generado polémica por supuestas extralimitaciones en las funciones de la entidad de vigilancia.
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Aunque los detalles de la inspección en la Registraduría no han sido divulgados, se estableció que miembros de la SIC solicitaron información confidencial a trabajadores de esa entidad e incluso, durante la visita que habría demorado hasta medianoche, se habría intentado confiscar varias computadoras, tomar copias de seguridad y extraer correos electrónicos de altos funcionarios.
Ante esto, la SIC confirmó que se adelantaron las visitas a las entidades 'dentro del marco de sus facultades constitucionales y legales'.
'La Superintendencia se encuentra adelantando visitas de inspección en Thomas Greg y la Registraduría Nacional del Estado Civil únicamente con el propósito de verificar el cumplimiento del régimen de libre competencia económica en los procesos de selección contractual adelantados por la entidad, sin que ello implique una intromisión ilegítima en el normal funcionamiento de la institución y dando todas las garantías para el desarrollo ordinario de sus funciones', expresó la SIC en un comunicado.
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La entidad de control indicó que las visitas de inspección no requieren de autorización judicial. 'La Corte Constitucional avaló las facultades de la Superintendencia de realizar visitas de inspección indicando que se tratan de diligencias cuya práctica no requiere autorización judicial previa, persiguen una finalidad legítima porque permite recaudar las pruebas necesarias para el desarrollo de la investigación, y no requieren el aviso previo, destacando que el factor sorpresa de estas es vital para el desarrollo adecuado de las mismas', detalló.
Vale mencionar que durante la visita administrativa, los funcionarios del área legal y de contratos recordaron a la SIC que la Registraduría no está sujeta a su supervisión. Además, se negaron a permitir que se llevaran las computadoras y los correos electrónicos, recordando que la organización electoral en el país posee autonomía según la Constitución y las leyes.
