El magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, advirtió en la mañana de este miércoles que aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones del tribunal e incumplan de manera grave con sus compromisos 'están sujetos a la pérdida de los beneficios y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria'.
'A los firmantes de paz, que se sometieron ante este tribunal, no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional', advirtió Vidal luego de que antiguos jefes de la guerrilla de las FARC acusaran este miércoles a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de provocar 'graves alteraciones' del acuerdo firmado en 2016 y de no cumplir lo pactado en materia de justicia, causando 'el aumento de las filas de los grupos armados ilegales y la violencia'.
Durante su intervención, el presidente de la JEP recalcó que 'el marco de actuación de la JEP fue establecido en la Constitución Política y las leyes de procedimiento y estatutaria'.
'El propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas', indicó.
'La imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia', agregó.
Los excomandantes de las FARC expresan su 'preocupación' por 'la apertura interminable de macrocasos' por parte de la JEP y la 'idea de dictar resoluciones' en cada uno de ellos porque, en su opinión, eso 'vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes'.
'Otra de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz que mayor preocupación viene generando es la vinculación, cada vez mayor, de exintegrantes de las FARC en las escalas media y baja del mando a indagaciones sobre hechos específicos del conflicto', señalan.
Según los firmantes de la carta, eso 'ha disparado las alarmas frente a la seguridad jurídica del conjunto de firmantes del acuerdo provocando desconfianza en los mismos, lo que se traduce en la decisión de apartarse de los compromisos del acuerdo tal como lo evidencian las cifras actuales de la Agencia para la Reincorporación que indican un incremento de firmantes que están regresando a las armas'.
