Entre enero y septiembre de 2023 hubo 156 confinamientos en Colombia, una cifra un 31 % superior a la registrada en el mismo periodo de 2022, que se dieron principalmente por la expansión del conflicto armado, la lucha por el control social y territorial y la disputa por el manejo de economías ilegales, informó en la mañana de este viernes la Defensoría del Pueblo.
En lo que va corrido del año, cerca de 40.000 personas, el equivalente a poco más de 11.000 familias, tuvieron que confinarse en sus territorios.
Chocó sigue siendo el departamento con más eventos en el territorio nacional (81), le siguen Putumayo (21), Nariño (17), Arauca (13), Cauca (12) y Valle del Cauca (5), Bolívar (4), Caquetá (2) y Antioquia (1), según el Boletín de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo.
Los dos municipios con mayores confinamientos fueron Puerto Rico, en el departamento de Caquetá, en el que 7.300 personas quedaron confinadas, y el Bajo Baudó, en el Chocó, donde 6.047 personas tuvieron que quedarse de manera forzada en sus territorios.
'Lo que desde la Defensoría del Pueblo hemos podido evidenciar es la afectación de las comunidades por cuenta de una expansión del conflicto armado, la lucha por el control social y territorial y la disputa por el manejo de economías ilegales que ejercen los grupos armados al margen de la ley', explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
A ello se suma la contaminación con minas terrestres y las amenazas contra los pobladores que habitan las zonas más afectadas por el conflicto armado interno.
La Defensoría espera que 'con los nuevos anuncios de suspensión de las hostilidades de grupos armados ilegales sea garantizada la movilidad en las comunidades y el ejercicio de sus derechos, además de la disminución de la confrontación armada', pidió Camargo.
La entidad también instó al establecimiento de corredores humanitarios para que sean mitigados los impactos del confinamiento en las regiones asediadas por la confrontación armada.
El gobierno de Gustavo Petro está inmerso en varios procesos y acercamientos de paz con grupos armados, el más avanzado es el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero también está pendiente de instalar una mesa de negociaciones con el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Farc, que se daría de manera oficial el próximo 16 de octubre, cuando arrancaría un cese al fuego bilateral entre la disidencia y la fuerza pública.
El evento se llevará a cabo en el Catatumbo.
