La Procuraduría General de la Nación exigió la intervención del Gobierno Nacional para que active mecanismos que permitan poner freno al recrudecimiento de la violencia en gran parte del departamento de Nariño.
De acuerdo con el Ministerio Público, la actual situación ha generado el confinamiento y el desplazamiento de cientos de personas.
'De acuerdo a reportes de las autoridades, el boleteo, la extorsión y asesinatos vienen en aumento como consecuencia de la guerra desatada entre grupos armados ilegales, lo que ha generado el temor en habitantes de municipios como Los Andes y La Llanada, en donde más de 100 familias han tenido que salir huyendo de sus terruños', señalaron.
La entidad explicó que la situación más dramática se vive en las veredas del Vergel, Palmar y Santa Rosa, donde por lo menos 600 personas se encuentran en confinamiento.
Un drama parecido se registra en el casco urbano de Los Andes, donde han llegado 294 desplazados de zonas rurales desde el mes de junio.
'Ante la situación, la Procuraduría Regional instó al Subcomité Departamental de Atención y Prevención con el fin de evaluar las condiciones en las que se encuentran estas familias. Asimismo, exhortó a la activación del Comité de Gestión de Riesgo Escolar para garantizar que los niños niñas y adolescentes puedan acceder al servicio educativo en las zonas identificadas en la alerta temprana 027 de 2023', solicitaron.
En este sentido, la Procuraduría aseguró que la actual problemática 'podría alterar el normal desarrollo del proceso electoral, razón por la que el Ministerio Público instó a la Registraduría Nacional a prestar atención a la situación y poder garantizar la participación ciudadana en los comicios de octubre'.
