El oscuro panorama que enfrenta el Gobierno de turno, tras el destape de la Fiscalía sobre las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, ponen en tela de juicio la integridad de una administración que se vendió como el ‘cambio’. Lo que empezó como una denuncia de robo millonario en la casa de la exjefa de gabinete del presidente, ahora parece tomar el curso de un atentado contra los derechos humanos.