Este viernes 26 de mayo se conoció que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema negó una tutela que presentó el abogado Diego Cadena contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con la que pretendía que se anulara su sanción disciplinaria.
Esto implica que el implicado en el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos siga suspendido por tres años para ejercer como abogado.
En la petición, Cadena buscaba que se gatantizaran 'sus derechos fundamentales al debido proceso, presunción de inocencia, al buen nombre, intimidad y acceso a la administración de justicia' por el fallo que lo sancionó.
Para el alto tribunal la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina 'no se vislumbra arbitraria ni caprichosa. Por el contrario, la autoridad convocada actuó en el marco de su autonomía, se apegó a la realidad procesal y aplicó las normas y jurisprudencia que rigen el asunto', se lee en la decisión.
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Asimismo, en el documento señala que la decisión de la Corte obedece a que 'por el simple descontento del reclamante no puede el fallador de tutela dejar sin efecto la determinación válidamente adoptada por el juez natural, quien denegó las súplicas tras un análisis racional del caso'.
Vale mencionar que el 25 de enero de este año, la Comisión, con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, señaló que Cadena incurrió en la falta dolosa contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado al intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses del Estado, por lo que ratificó la sanción que pesaba en su contra.
'(Cadena) intervino en los actos fraudulentos, en su calidad de abogado, cuando acudió a la cárcel La Picota en Bogotá, insistentemente, ofreciéndole beneficios a (Juan Guillermo) Monsalve Pineda a cambio de que aquel se retractara' sobre señalamientos contra Uribe, según señaló la Comisión en su decisión de 90 páginas.
En ese sentido, el organismo ratificó que Diego Cadena 'actuó con conciencia y voluntad en la conducta reprochada, por imposición legal debía actuar correctamente, de manera recta y leal con la justicia y los intereses del Estado, pero no lo hizo y en cambio decidió incumplir decididamente los deberes que la Ley le impone'.