El pasado 20 de abril, el saliente ministro de Transporte Guillermo Reyes interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra los miembros de la junta directiva de Ultra Air.
De acuerdo con el documento que se conoció este viernes 28 de abril, el ahora exministro le pide al fiscal Francisco Barbosa y al director contra la Corrupción que se investigue a la junta directiva de la aerolínea por los delitos de estafa en masa; ofrecimiento engañoso de productos y servicios; y perturbación en servicio de transporte público.
El argumento de la denuncia tiene que ver con que la aerolínea avisó a la Superintendencia de Transporte que ese día a las 11:59 pm suspendería su operación, pero a pesar de la situación financiera, siguió vendiendo tiquetes aún sabiendo que cesaría sus operaciones, según se lee en el documento.
Así las cosas, la denuncia contra la junta directiva es por ofertar un servicio que la aerolínea tenía conocimiento que no iba a poder cumplir: 'Lo anterior permite advertir cómo las personas acá denunciadas en nombre de la sociedad ULTRA AIR S.A.S., vendieron y ofertaron al público en general los tiquetes y trayectos aéreos teniendo claro que se trataba de un servicio que no podrían cumplir', indica el documento.
En su momento, el entonces ministro Reyes dijo que Ultra actualmente no tiene recursos para responder a sus acreedores ni a los usuarios que compraron los tiquetes. Se calcula que la aerolínea vendió unos 360 mil tiquetes con vigencia hasta 2024. Ante esto, el Gobierno habla de que hubo una posible estafa de más de $48 mil millones por servicios no prestados y que fueron cobrados.
Vale mencionar que el pasado 11 de abril, la Procuraduría pidió a la Superintendencia de Transporte y a la Delegada para la Protección de Usuarios del Sector Transporte dar explicaciones sobre los compromisos asumidos por la aerolínea Ultra Air para la retribución del dinero de los tiquetes de más de 300 mil viajeros afectados.
Esto teniendo en cuenta que el Ministerio Público requirió que tomaran las medidas pertinentes del caso ante la negativa de la aerolínea de no devolver los dineros a los usuarios hasta tanto no definiera si iba a continuar o si se iba a liquidar 'lo cual vulneraria aún más los derechos de los usuarios del servicio público esencial'.
