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En medio de la audiencia citada por la JEP para realizar seguimiento a las medidas cautelares en 27 cementerios de Risaralda y Quindío en los que habría cuerpos de personas dadas por desaparecidas, la Procuraduría General de la Nación advirtió la necesidad de adelantar gestiones para evitar la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional por el incumplimiento sistemático de los deberes adquiridos frente a las víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada.