Álvaro Leyva, canciller designado del gobierno electo, aseguró que el gabinete de Gustavo Petro dialogará con los grupos ilegales que en la actualidad mantienen una escalada de violencia en diferentes partes de Colombia, sobre todo en la región Caribe, donde han realizado constantes hostigamientos a Estaciones de Policía.
Esto luego de que, a través de una carta, unos 50 grupos armados ilegales propusieran un proyecto de paz con justicia social que permita su desmovilización.
El documento, que fue enviado el pasado 19 de julio, es firmado y respaldado por exmiembros de cuatro bloques de las Autodefensas Campesinas Colombianas y organizaciones de reclusos.
'Claro que habrá dialogo. Ellos lo saben. Vamos a buscar la paz total', dijo Leyva a medios de comunicación.
'Esto es para todos, aquí no vamos a excluir a nadie. A propósito con el ELN también habrá revisión de fechas, fortalecimiento para la JEP. Aquí hay una oportunidad enorme y naturalmente no se puede hacer de forma colectiva sino, ahí que tiene que ver con sometimientos, otros que tienen que ver con diálogos políticos, con justicia restaurativa. Pero es imposible entrar a determinar una solución definitiva en este momento, pero que las hay, las hay', agregó.
Los grupos al margen de la ley, puntualmente las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, más conocida como Clan del Golfo; el Bloque Virgilio Peralta Arenas, de los Caparros; los Rastrojos; los Shottas de Buenaventura; el grupo la Inmaculada de Tuluá; y grupos mexicanos de Quibdó, aseguran estar dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto.
'Estamos dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto, estamos dispuestos a desarmamos en el momento indicado, estamos dispuestos a pedir perdón, a aportar verdad total e integral, estamos dispuestos a reparar y sobre todo a no repetir los actos criminales, a cumplir con los fines de la justicia restaurativa, a unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente, estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones', indican.
Los firmantes del documento además se animan a realizar cambios en torno al acuerdo de extradición que existe con Estados Unidos y otros países.
