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En medio de la polémica desatada por el proyecto de ley que convierte en permanente el Decreto 806 de 2020 que permite el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la prestación del servicio de justicia, el Colegio de Penalistas argumentó que se debe mantener la virtualidad en las audiencias judiciales del país.

La controversia está armada porque el articulado tendría 'vicios de trámite', en tanto que se tramita como ley ordinaria cuando debió tramitarse por ley estatutaria.

'La vía elegida por el Gobierno para mantener la virtualidad en la justicia es la correcta y así lo validó la Corte Constitucional', se lee en el comunicado suscrito por el presidente del Colegio de Penalistas, Francisco Bernate.