El índice de hacinamiento en los centros de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se elevan a un 20,6 %, cifra que registra una sobrepoblación de 16.621 personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta que la capacidad de cupos en los centros de reclusión es de 80.922.
Ante ese escenario, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el foro ‘La crisis de hacinamiento carcelario: avances y retos para su superación’, señaló que en Colombia se requiere de un sistema orientado al respeto de los DD. HH. de las personas privadas de la libertad, para garantizar su resocialización y evitar que vuelvan al ciclo de la criminalidad, por lo que propone reformar de manera integral el sistema penitenciario y carcelario.
En el evento el defensor mostró su preocupación por la política criminal del Estado colombiano, la cual, a su criterio, se ha caracterizado por la creación de nuevos delitos dentro del Código Penal y en un incremento generalizado de las sanciones existentes.
'Esto ha generado inevitablemente un colapso de las cárceles y penitenciarias, sin que se pueda advertir una verdadera disminución en los índices de criminalidad', aseguró el defensor.
Por otra parte, el funcionario indicó que debe asegurar que las funciones de custodia de las personas privadas de la libertad se cumplan con los más altos estándares de calidad, para evitar cualquier riesgo de fuga.