La Contraloría informó el pasado viernes en un comunicado que dentro de un proceso distinto a aquel en que se profirió fallo con responsabilidad fiscal por $2,9 billones contra 12 ex miembros de la plana directiva de Reficar y cuatro contratistas, se encontró, con base en un informe técnico, que el atraso en la entrada en funcionamiento de la Refinería no se tradujo en una falta de ingreso de las utilidades o beneficios empresariales.
El ente de control indicó que se debió a 'un flujo adverso en la operación del activo', y por ello la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción ordenó el archivo del proceso ordinario de responsabilidad fiscal a favor de 12 personas naturales y jurídicas.
