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Dentro de la 26° versión del Congreso Mundial del Derecho, que congregará en Barranquilla el 2 y 3 de diciembre a más de 200 ponentes de las leyes, habrá un importante reconocimiento para Colombia: el ‘World Peace & Liberty Award’ a la sociedad civil y la democracia, la más longeva de Latinoamérica, por su defensa, fortalecimiento y promoción del Estado de Derecho por encima de las vicisitudes.

EL HERALDO conversó con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, con la procuradora Margarita Cabello y con penalistas y constitucionalistas, para entender qué significa esta distinción para el país.

'Voto de confianza'

Para la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez 'es un gran honor para Colombia acoger este congreso. Estamos seguros de que la ‘puerta de oro’ de Colombia representará a la Nación con la grandeza que implica ser su sede y felicito al Ministerio de Justicia por este logro'. Este gesto de confianza hacia el país, agrega, 'es tanto a las condiciones para visitarnos, como a la bicentenaria convicción de los colombianos con el Estado de Derecho y la promoción y defensa de la democracia y la libertad. Desde aquí, agradecemos a los juristas de todo el mundo su deferencia con el pueblo colombiano. Somos un lugar ideal para el diálogo democrático'.

Ramírez pone de presente que lo que debe llamar la atención de este reconocimiento es que es 'un gesto que exalta lo que significa la constancia en mantener y fortalecer el sistema de instituciones, leyes, normas y actores que expresan la madurez en el desarrollo de requerimientos formales, procedimentales y sustantivos en el sistema constitucional, legal y de gobernanza del Estado'.

A su vez, la Procuradora Margarita Cabello considera que el premio significa que la comunidad internacional, a través de la máxima y más importante asociación de juristas del mundo, 'reconoce a Colombia como un verdadero Estado Social de Derecho, un país comprometido con la defensa de los derechos humanos, respetuoso de la institucionalidad, de la participación democrática, de la independencia entre las ramas del poder público y los órganos de control, y del goce efectivo de los derechos de la ciudadanía'.