La Procuraduría General de la Nación remitió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) observaciones al proceso de selección para la producción de Bienestarina, desarrollo de nuevos productos y distribución a punto de entrega primarios, por valor de $1.153.820.147.293.
El Ministerio Público solicitó a la directora del ICBF, Lina María Arbeláez el documento que demuestre el análisis desde lo técnico, jurídico y financiero realizado por ese organismo, para establecer la pertinencia y ventajas de contratar mediante prestación de servicios y no adjudicar una concesión u otro tipo de contrato.