El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, aclaró a través de un comunicado de prensa que no es la entidad competente para conceder a un privado de la libertad un subrogado penal.
Indicó que lo que hizo fue entregar la documentación correspondiente al tiempo de condena y de redención de Luis Alfredo Garavito —confeso violador de niños y asesino en serie— al juez de ejecución de penas, quien 'es el único competente para decidir sobre los beneficios que pueden tener las personas privadas de la libertad'.
El Inpec, agregó, 'está en la obligación de entregar esta documentación a todos los privados de la libertad sin excepción, teniendo en cuenta la especial relación de sujeción que existe y es en virtud del análisis de esos elementos que el juez evalúa de manera objetiva sí procede o no cualquier subrogado penal'.
