Este 20 de septiembre arrancan las audiencias orales en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en uno de los dos litigios que tienen Colombia y Nicaragua.
Una es por la plataforma continental extendida a más de 200 millas náuticas que reclama Managua y otra es por la supuesta violación que alega el régimen de Daniel Ortega por parte de Bogotá al fallo de 2012 de ese mismo tribunal que le dio una porción de mar mayor en un 40 % al país centroamericano.
Las audiencias citadas entre septiembre y octubre son para dirimir la denuncia de Nicaragua de que la Armada colombiana está ejerciendo soberanía en aguas que el país centroamericano reclama como suyas, pero que han pertenecido históricamente a Colombia. Managua se queja además de que los uniformados colombianos les piden a sus pesqueros que no hagan pesca depredadora y critican también los sobrevuelos antinarcóticos colombianos. Y dice el país centroamericano que las islas colombianas no tienen derecho a zona contigua integral y que esas son sus aguas, pero Colombia alega que todas las islas tienen derecho a esa zona contigua.
De igual forma, La Haya analizará la contrademanda colombiana, que advierte que Nicaragua viola los derechos de las comunidades raizales isleñas al no dejarlos pescar en sus bancos tradicionales de pesca.
'Nicaragua se equivoca'. Antonio Rengifo, PhD en derecho internacional de la Universidad de Londres, observa que lo que Nicaragua está haciendo con los recursos jurídicos 'es utilizar un caso en la Corte pretendiendo que se cumpla un fallo proferido en otro caso. Ha escogido un mecanismo equivocado, por eso no le veo muchas opciones. Sí me parece que Colombia debe liderar la sustentación de posiciones claras y contundentes sobre las inconsistencias del fallo y los aspectos controversiales del mismo'.
Añade el catedrático de la Universidad Nacional en diálogo con este medio que los Estados pueden sustentar ante la Corte argumentos en interés de las comunidades: 'Uno de los aspectos más controversiales del fallo de 2012 es precisamente la afectación a los derechos de las comunidades de pescadores artesanales que desde hace mucho tiempo han venido faenando en los espacios alegados por Nicaragua. Otro aspecto central es la fragmentación a la Reserva de Biosfera Seaflower'.
