La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron el informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y Decretos Ley Étnicos.
En el informe, se agrega que el conflicto armado se ha intensificado en distintos delitos como el desplazamiento, confinamiento, reclutamiento y asesinato de líderes. Frente a esto los tres principales entes de control brindaron recomendaciones al Gobierno Nacional.
'Reconocer la autonomía de las autoridades étnicas en esos territorios y atender las alertas tempranas de la defensoría del Pueblo el Estado debe fortalecer sus capacidades para brindar protección colectiva a las comunidades que se encuentran en riesgo', dicta el informe.
Asimismo, insisten en 'la urgencia de fortalecer el acompañamiento de oferta institucional, pues de 2 millones 244 mil víctimas que superaron su condición de vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado, el 86% lo hizo por sus propios medios y solo el 14% lo hizo con apoyo de la oferta institucional'.
Los entes mostraron su preocupación en el tema de reparación integral a las víctimas, pues desde 2011 que se implementó la ley de víctimas solo han recibido atención psicosocial la tercera parte de la meta proyectada en el Conpes. Asimismo, en el tema de indemnización al ritmo que va, las víctimas en total serían reparadas en 60 años'.
Al respecto, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, mencionó que 'como entes de control nos preocupa la lucha que existe permanentemente por la lucha de rentas ilegales que re victimiza a las comunidades étnicas, rurales, a las mujeres, a los niños y niñas'.
Agrego Cabello que 'hemos acompañado a las víctimas, como órganos de control tenemos una reacción rápida para hacer seguimiento y dar respuesta institucional en este tipo de situaciones. Nosotros como Procuraduría no podemos dejar de pronunciarnos para rechazar vehementemente los atentados ocurridos en el pasado mes de julio y que acabaron con la vida de los reclamantes de tierra y con la vida de una comisión de colaboradores de la unidad de restitución de tierras en el municipio de Mesetas, en la Meta'.
Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que 'no sólo las entidades del Estado, sino la sociedad en general debe volcar sus ojos al conflicto armado y la obligación del Estado de reparar integralmente con medidas materiales y simbólicas a todas las víctimas como base para la construcción de una convivencia pacífica sólida y perdurable'.
