La Procuraduría General de la Nación conceptuó que la exoneración de prestar el servicio militar obligatorio que gozan los miembros de los pueblos indígenas, contemplada en Ley 1861 de 2017 que reglamenta el servicio de reclutamiento, se debe extender a los integrantes de las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y ROM certificadas por el Ministerio del Interior.