Después de las declaraciones dadas por la canciller Claudia Blum, en el que señalaba que 'debe considerarse la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político', durante la presentación del informe de la Misión de Verificación de la ONU, la oficina de relaciones exteriores y la Consejería presidencial se pronunciaron.
Ambas emitieron un comunicado conjunto señalando que 'desarrollan de manera articulada y coordinada todas las actividades inherentes al relacionamiento del Gobierno Nacional con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y de cara a la presentación de los informes trimestrales del Secretario General ante el Consejo de Seguridad de la Organización'.
Agregan que 'coinciden en la importancia de labor que cumple la Misión de Verificación en el País y han atendido la política señalada por el Presidente de la República, de mantener vigente su mandato durante todo su período de gobierno y solicitar la ampliación de sus funciones, de tal manera que se encargue de la verificación de las sanciones propias que sean establecidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)'.
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El comunicado de la Cancillería y la Consejería manifiesta que los comentarios hechos, deben 'leerse y entenderse en contexto y de manera integral'.
Pues se refirió, entre otros muchos temas, al análisis sobre las causas de las violencias que se presentaron en el trimestre que se evaluó y que la 'prevención y contención constituye una prioridad del Gobierno Nacional, que compartimos con la Misión'.
'En ella se hace mención, dentro de los múltiples orígenes de esa violencia, a los grupos armados diferentes a la antigua guerrilla que existían en los tiempos de la firma del Acuerdo, que siguen existiendo y nunca hicieron parte del proceso; así mismo hace referencia a aquellos miembros de la antigua guerrilla que, habiendo sido parte y firmantes del Acuerdo, posteriormente se retiraron del proceso y ahora delinquen'.
Sobre la parte puntual de las disidencias de las Farc, aseguran que solo piden 'que se considere por la Misión las consecuencias de estos incumplimientos individuales sobre el avance del proceso'.
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El comunicado finaliza señalando que 'la Cancillería y la Consejería reconoce y reitera, de manera enfática, el apoyo del Gobierno Nacional al proceso de reincorporación de los excombatientes comprometidos con el proceso, en sus múltiples dimensiones política, económica y social, y el compromiso con su seguridad y protección y la de los miembros del partido político surgido del mismo. Los resultados de la reincorporación y sus avances han sido reconocidos continuamente por los miembros del Consejo de Seguridad'.
