La Procuraduría informó este miércoles en un comunicado que inició acción preventiva para investigar lo ocurrido frente al crimen de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña.
La idea es 'verificar las afirmaciones hechas por las comunidades indígenas en la comisión mixta entre el Gobierno y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), sobre presuntas omisiones por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras entidades del Estado, en las medidas adoptadas ante el riesgo inminente en el que se encontraba'.
El Ministerio Público, en su intervención en la comisión, que se llevó a cabo en la sede administrativa de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIN), condenó el homicidio de la gobernadora, envió un mensaje de solidaridad a las autoridades tradicionales y comunidades indígenas del Resguardo La Laguna Siberia, del territorio Sat Tama Kiwe y del Consejo Regional Indígena del Cauca, y exigió a las autoridades competentes, acciones contundentes que permitan el esclarecimiento del crimen de la líder indígena.
También pidió a la comisión del Gobierno poner especial atención y adoptar medidas ante las denuncias presentadas por las autoridades indígenas en este espacio de diálogo sobre compras de predios en algunas veredas de Caldono, aledañas a los territorios indígenas, con el fin de sembrar cultivos para uso ilícito; y enfatizó en la necesidad de que se investigue todos los aspectos que tienen que ver con tráfico de estupefacientes en la región.
Por último, el ente de control disciplinario apoyó la solicitud del alcalde de Caldono, José Vicente Otero, y de las autoridades indígenas, de realizar un consejo de seguridad urgente para evaluar la problemática en la localidad.
