La Contraloría ordenó embargos en el sistema financiero en contra de las compañías constructoras de Hidroituango de la empresa Integral.
La medida fue tomada por el presunto detrimento patrimonial de $4 billones y fue expedida por la Contraloría Delegada Interseccional 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría.
El organismo de control fiscal pidió en el oficio a los bancos 'el registro del embargo y retención de los dineros depositados o que se lleguen a depositar en las cuentas bancarias' de las compañías aludidas.