Organizaciones de derechos humanos del país miran con dudas los cambios de la justicia penal militar anunciados hace un par de días, los que, dicen, no representarán un vuelvo real sino dejan de ser los uniformados activos o retirados los jueces de los militares y policías que cometan delitos relacionados con el servicio.
Al respecto, Germán Romero, representante de la organización DH Colombia advirtió que se trata de cambios de forma pero no de fondo, debido a que, señala, no hay garantías de imparcialidad en dicha jurisdicción.
Criticó en este sentido que quienes van a seguir siendo jueces militares o fiscales de instrucción penal serán los mismos oficiales activos o retirados de la Policía o del Ejército, que están además vinculados al Ministerio de Defensa.
Así mismo, manifestó que los homicidios de civiles no deben ser competencia de la justicia penal militar sino que tienen que ir necesariamente a la Fiscalía para que se garantice el debido proceso.
