Debido a que 15 representantes retiraron sus firmas del proyecto de acto legislativo que buscaba ampliar el periodo del presidente Iván Duque y el de varios altos funcionarios hasta 2024, se hundió sin siquiera alcanzar a hacer trámite esta polémica reforma constitucional.
La iniciativa, que fue radicada en la Secretaría de la Cámara el pasado miércoles con 25 rúbricas de parlamentarios del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U, se quedó sin respaldo al no alcanzar el número mínimo de firmas que requería para que empezara su discusión en la Comisión Primera de la Cámara, célula legislativa que conoce de los asuntos constitucionales.
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La mesa directiva de la Cámara indicó este jueves que el articulado, que tenía la coautoría de la Federación Colombiana de Municipios, y que buscaba, se leía en sus motivaciones, la unificación de los periodos de varias autoridades nacionales y regionales para la armonización de planes de desarrollo y un ahorro en la convocatoria de elecciones, fue retirado del paquete de proyectos que arrancarían sus discusiones en este recientemente iniciado segundo periodo de la tercera legislatura del Congreso.
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Y es que desde la mañana se anticipaba la debacle de la propuesta, ya que ante la encendida polémica que se suscitó en las redes sociales el principal partido de gobierno, el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, anunció que no respaldaría la reforma.
'El Centro Democrático respalda la posición del presidente @IvanDuque, quien ha afirmado que no apoya el proyecto para la ampliación del periodo', escribió el también exsenador.
Así mismo, desde Cambio Radical se anunció el retiro de las firmas de los representantes que inicialmente la habían respaldado: 'En reunión que tuvo lugar el día de ayer (miércoles) se determinó que la posición del partido frente a dicho proyecto se tomará en bancada'.
Los representantes que retiraron su firma por esta colectividad fueron Modesto Aguilera, José Amar, Salim Villamil y Óscar Arango.
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'Tenemos que reconocer que este proyecto es inconveniente y trastocaría la Constitución. Soy disciplinado con el partido y he retirado la firma', dijo Aguilera.
El articulado también disponía extender los tiempos del fiscal, procuradora, contralor, auditora, defensor, registrador, los propios congresistas, alcaldes, gobernadores y los magistrados del CNE.
De igual manera, el proyecto contemplaba que a partir de 2024 los periodos de los cargos de elección popular y los titulares de los entes de control se aumentaran a cinco años y se reabriera la posibilidad de la reelección.
El alargue también cobijaba a los actuales magistrados de las altas cortes, cuyos periodos pasarían de 8 a 10 años.
Al respecto, ayer el fiscal Francisco Barbosa dijo que su período 'solo irá hasta lo establecido constitucionalmente'; la procuradora Margarita Cabello señaló que 'cuatro años son suficientes. Eso dice la Constitución y la procuradora debe respetar la institucionalidad'; y el contralor Carlos Felipe Córdoba coincidió en que 'cuatro años son suficientes y allí están los resultados'.
La Fedemunicipios explicó que el objetivo de la propuesta era el de 'lograr una mejor gobernabilidad y eficiencia administrativa'.
Al respecto, el presidente de la entidad y alcalde de Mosquera, Cundinamarca, Gian Carlo Gerometta, señaló que el articulado permitía ahorrar unos $3,5 billones, 'que deben orientarse a salvar la vida de los colombianos, amenazada por la covid-19, evitando aglomeraciones propias de una contienda electoral'.
En las redes, no obstante, hubo un rechazo generalizado desde todos los espectros políticos: oficialismo, independencia y oposición.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue enfática en reiterar que 'como lo ha dicho el presidente @IvanDuque: fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes ni uno después'.
Y el líder de la oposición y precandidato presidencial, Gustavo Petro, de la Colombia Humana, llamó a la manifestación popular: 'Se aprestan a dar un golpe de estado. Eso no se responde simplemente en el Congreso. Un golpe de estado se enfrenta en las calles con el pueblo movilizado'.
